Hace 5 años y tres meses (Marzo de 2013) Jesús Samuel Garay Navarro desapareció en la ciudad de Frontera, Coahuila sin que hasta la fecha las autoridades hayan hecho algo para lograr localizarlo, si alguien tiene alguna información que pueda llevarnos a su localización se los agradeceríamos mucho
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| Jesús Samuel Garay Navarro Desaparecido desde Marzo de 2013 en Frontera, Coahuila |
A continuación presento el Informe sobre Desapariciones en el Estado de Coahuila que publicó El Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad.
RESUMEN EJECUTIVO
• El Observatorio analizó 729 registros de casos de desaparición en la entidad, lo que constituye la base más extensa sustentada en casos de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares existentes hasta el momento.
• En el Estado de Coahuila existe una práctica generalizada de desaparición, extendida a lo largo del mismo y durante un prolongado periodo de tiempo.
• Las personas jóvenes y las personas en tránsito por carreteras o caminos son las que se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas de esta grave violación de derechos humanos.
• Las personas desaparecen en sus casas o en lugares públicos. En algunos casos, desaparecen familias completas.
• Los perpetradores buscan ocultar su identidad, sin embargo, por las descripciones existentes es posible vincularlos con agentes estatales.
• La respuesta estatal va desde la amenaza y el sembrar el miedo en las familias de las personas desaparecidas, la omisión en la búsqueda hasta la impunidad.
1. Los principales hallazgos
Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Observatorio concluye que existe una práctica generalizada de desaparición, donde son las personas jóvenes y las personas en tránsito por carreteras o caminos las que se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas de esta grave violación de derechos humanos. Asimismo, se concluye que existen mecanismos constantes por los que las personas desaparecen: jóvenes que señalan a jóvenes y personas en caminos solos. Ni en la casa ni en la calle se está seguro. En cuanto a los perpetradores, las familias y allegados de las víctimas tienen dificultades para identificarlos, pero es constante el presentarlos como personas armadas vestidas de negro, lo que coincide con otros reportes sobre la actuación de agentes estatales o en contubernio con agentes no estatales. Finalmente, la respuesta estatal es generar miedo en las familias para desincentivar las denuncias y ante la insistencia, la omisión.
A continuación desarrollamos con mayor detalle cada uno de estos puntos.
1.1 Práctica generalizada
Los resultados del Observatorio respecto del análisis de las bases de datos sobre desapariciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza son consistentes con la comunicación enviada por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ella, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” (CDDHFJL), a la Corte Penal Internacional (CPI): “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad” (FIDH, 2017). La información analizada por el Observatorio permite sostener que en el Estado de Coahuila de Zaragoza existe una práctica generalizada de desaparición de personas.
Para efectos de este informe, se recupera una definición clásica de práctica generalizada,1 entendida como aquella donde los actos inhumanos son cometidos a gran escala, esto es, están dirigidos a una multiplicidad de víctimas, por ejemplo, como resultado del efecto acumulativo de una serie de actos o como un efecto particular de un acto de extraordinaria magnitud.2 El uso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le ha dado al término “práctica generalizada” está en consonancia con esta definición, donde se le utiliza para referirse a violaciones de gran escala donde existe un gran número de víctimas.3
La identificación de las desapariciones en México como una práctica generalizada no es una constatación novedosa. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas,4 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas5 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos6 ya han calificado así al fenómeno de desapariciones en el país. La comunicación a la CPI referida líneas arriba respecto del caso de Coahuila sustenta con profundidad la práctica generalizada de desapariciones en la entidad.
En primer lugar, contamos con un registro de 729 casos de desaparición en la entidad federativa.
En segundo lugar, las desapariciones en Coahuila se han desarrollado durante un período prolongado de tiempo. En los 711 casos de los que se conoce la fecha de la desaparición (únicamente se desconocen las fechas de desaparición de 18 casos del total de los 729 registros analizados, el 2%) las desapariciones se desarrollan entre los años 2001 y 2017 y muestran una distribución que aumenta notablemente a partir de 2008 y tiene su máximo en el año 2011 con 179 casos. Luego se produce un progresivo descenso hasta el año 2017 con 8 casos registrados.
Desaparecidas en Coahuila 2001-2017
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| Fuente: base de datos Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. |
En tercer lugar, las desapariciones son una práctica extendida, tienen lugar en varios municipios del Estado. De acuerdo con la información sistematizada se registran desapariciones en 17 de los 38 municipios de la entidad. Los municipios con mayor incidencia de desapariciones son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%), que coinciden con las ciudades más pobladas del Estado (información de 726 registros de personas desaparecidas).
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| Fuente: base de datos Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. |
Las desapariciones en Coahuila han afectado a diferentes regiones entre los años 2009 y 2014. La región fronteriza, compuesta por los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza ha sido una de las más afectadas. Durante los años 2010, 2011 y 2012 fue la región que más desaparecidos por cada
100.000 habitantes tuvo, llegando a su pico máximo en 2011 con una tasa de 18,4.
1.2. Las víctimas de la desaparición: ser joven y viajar son un peligro
Dos son las condiciones que resaltan entre las características de las víctimas de desaparición:
a) La edad. Los jóvenes son el sector poblacional con mayor probabilidad de ser desaparecidos, y
b) La ocupación o la condición de migrante. Las personas que se encuentran en tránsito por las carreteras del Estado, ya sea por su ocupación o por su condición de migrante.
1.2.1. Ser joven es un peligro
De los 729 casos, existe información en el 84% de los casos sobre la edad. La persona más joven es un niño de 6 meses y la de mayor edad una mujer de 80 años. Si observamos la distribución de casos en la pirámide poblacional, podemos notar que los casos se concentran en la parte
media y baja de la misma, en el rango entre los 17 y los 37 años. La media general es de 29 años y el valor que más se repite es 26 años. La siguiente gráfica permite identificar que el grueso de las desapariciones afecta a las personas jóvenes.
De los registros sobre desaparición analizados en este informe únicamente considerando los datos del CDHFJL, existen 44 casos de víctimas entre 1 y 17 años distribuidas en 33 eventos. De ellas, 30 son hombres y 14 son mujeres. El promedio de edad es de 13 años, sin embargo las edades más frecuentes se acumulan entre los 15, 16 y 17 años. Salvo el caso de un niño estadounidense, el resto de las víctimas son mexicanas. Si bien la mayoría de las víctimas de este rango de edad son estudiantes, hay también trabajadores de comercio y ventas, albañiles, mecánicos y operarios de instalaciones y maquinaria industrial. El alto número de niños, puede hacer referencia a casos de desapariciones de familias completas.
1.2.2. Viajar es un peligro
La segunda condición que resalta entre las víctimas de desaparición es encontrarse en tránsito por el Estado o entre entidades del país, especialmente en las carreteras hacia Nuevo León y Tamaulipas. Este grupo de personas las podemos identificar por su ocupación o por su calidad de migrantes.
Se tiene información de las ocupaciones de 331 personas (45% del total de casos analizados). De ellas, el 27% se dedicaba a actividades relacionadas al comercio y ventas algunas de las cuales debían viajar por su trabajo. La segunda categoría ocupacional más vulnerable a la desaparición se refiere a los trabajadores relacionados con el transporte de personas y mercancías: choferes de taxis, camiones y conductores de transportes de carga representan el 15% de las 331 personas de las que se tiene información. Las ocupaciones de estos grupos de personas desaparecidas las llevan a trasladarse de un lugar a otro, ya sea para actividades relacionadas con las ventas o el comercio, o bien en el transporte de mercancías o personas, situación que las pone en un alto riesgo de ser víctimas de desaparición.
Gráfica: Ocupaciones de las personas desaparecidas
Fuente: Base de datos del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México
En cuanto a las personas migrantes, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava y Ocampo son los principales municipios fronterizos a lo largo de los 512 kilómetros de frontera entre Coahuila y Texas. Por ella, miles de migrantes transitan año a año entre un país y el otro en busca de trabajo y mejores oportunidades. En su camino, los migrantes que atraviesan Coahuila son sujetos a múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la desaparición. Un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calificó la entidad como de riesgo “alto” con base en entrevistas al personal de albergues y casas de migrantes (CNDH 2017).
La misma CNDH ha emitido al menos tres recomendaciones vinculadas a migrantes en la entidad (45/2005; 63/2003; 59/2015), referidas a la violación de derechos humanos al trato digno, la protección de la salud, seguridad jurídica, solicitud de refugio y al interés superior de la niñez y
de las personas en contexto de migración. A su vez la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes ha detallado en su informe anual de 2016, como principales eventos delictivos contra las personas migrantes el robo, lesiones, extorsión, secuestro y abuso de autoridad (REDODEM 2017). En el mismo documento se destaca el grave problema de la desaparición de migrantes, la cual “si bien es menos visible, también es cierto cuán constante es en la vida diaria”.
De los registros analizados en este informe, únicamente considerando los datos del CDHFJL, de los 548 casos documentados, 11 pertenecen a víctimas identificadas como migrantes. Todos ellos son hombres, con una edad promedio de 32 años, siete mexicanos, una persona nicaragüense y no se pudo determinar el país de nacimiento de cuatro de ellos. El que no se tengan mayores registros de personas migrantes no es de extrañar, pues sus familiares no suelen saber en dónde se encuentran o donde buscarlos. Sin embargo, el sub registro no debe invisibilizar su situación, en especial si se considera que hay información respecto al nivel de riesgo que enfrentan las personas en tránsito a lo largo del Estado.
Por otra parte, si bien las mujeres también integran los dos grupos de personas identificadas en alto riesgo de ser desaparecidos, la situación de discriminación histórica y los altos índices de violencia hacia la mujer en todo el país, hacen necesario mirar en qué medida la desaparición afecta a las mujeres. En los registros analizados, la presencia de mujeres víctimas de desaparición no es menor:
Gráfica: Sexo de las víctimas
Como ya se señaló, se trata también de mujeres jóvenes. Destaca que la ocupación donde la mayoría de ellas se encuentra es en trabajos domésticos, de limpieza y de cuidados, actividades
vinculadas con los roles tradicionales de género. Mientras que otras mujeres desaparecidas eran estudiantes o comerciantes, vendedoras o empleadas en ventas. La persistencia de las mujeres con una mayor presencia en la esfera privada tiene impactos también en la forma en que son desaparecidas, como se verá más adelante y es lo que marca una diferencia con respecto a los grupos especialmente en riesgo frente a la desaparición ya identificados y dentro de los cuales las mujeres también son afectadas.
2. Los mecanismos de desaparición: eventos colectivos y sin sitios seguros
Los mecanismos por los que las personas son desaparecidas se relacionan con los dos grupos en riesgos identificados -las personas jóvenes y las personas en tránsito. Son relevantes tanto el tipo de evento, si colectivo o individual, así como el lugar de la captura, si público o privado.
Respecto a los tipos de lugares donde desaparecen las víctimas se cuenta con información de 256 casos En ellos se aprecia que la mayoría de las personas (45%) desaparecen en lugares relacionados a la víctima, como su propia casa, la casa de un familiar o amigo y/o sus lugares de trabajo. En segundo lugar, se encuentran medios y vías de transporte como caminos, carreteras y autopistas y los vehículos de las víctimas.
Gráfica: Tipo de espacio en que tuvo lugar la desaparición
Lo anterior resulta relevante si se consideran los grupos en mayor riesgo de ser desaparecidos. Por una parte, la información confirma que las personas en tránsito constituyen uno de los objetivos prioritarios de la desaparición y, por otra, identifica a los lugares privados relacionados con las víctimas como los sitios más inseguros, especialmente para las y los jóvenes y, en particular, para las mujeres.
El segundo dato relevante es el tipo de evento en el que se realiza la captura de las personas desaparecidas. En este aspecto se cuenta con información de 572 (78% de la base total), donde una gran mayoría, el 65% de los casos son capturadas en eventos colectivos, es decir, en conjunto con otras personas.
Gráfica: Tipo de evento de desaparición
De acuerdo con la información conocida por los familiares de las víctimas, es posible identificar algunas situaciones comúnes. En algunos casos, las y los jóvenes capturados en las calles son señalados por otros jóvenes que acompañan a personas en camionetas. Otros tienen que ver con personas que se encontraban en medio de enfrentamientos y que son capturadas por alguno de los bandos. En otros casos, al entrar a las casas u otros espacios privados, los perpetradores buscan e identifican a personas concretas. Si bien en la mayoría de las narrativas (87%), las familias de las víctimas no identifican antecedentes o situaciones previas que se relacionen con la desaparición de sus seres queridos, una situación que se repite es aquella donde la víctima se opone a participar en actividades ilícitas y fruto de esa negativa recibe amenazas (“vamos a volver por ti”). En estos casos, parecería que la desaparición constituye una especie de castigo a quienes se rehúsan a participar en actividades ilícitas, “no quisieron trabajar para los malos”. Este mismo imaginario se repite respecto de las personas en tránsito, con los mismos resultados, salvo que aquí no se tiene noticia de que los perpetradores buscaran a personas en particular, sino basta con el hecho de tener una ocupación vinculada con el tránsito por carreteras.
El que la mayoría de las capturas se realice en eventos colectivos y en lugares privados indica que los perpetradores pueden buscar a una persona, pero en el acto de captura se llevan consigo a todas las personas que los acompañan o con las que se encuentran. De manera particular llama la atención que en algunos casos desaparecen familias completas que se encontraban en las casas al momento de la captura. Se narran casos, donde las niñas y niños pequeños, de hasta 10 años, son abandonados en carreteras o regresan solos a pie a sus casas.
Un buen número de las mujeres desaparecidas, 85 de las 117 respecto de las que se tiene información sobre el tipo de evento (el 73%), son desaparecidas en eventos colectivos, muchas de ellas en sus casas. Este hecho, tiene relación con los roles de género tradicionales donde las mujeres suelen encontrarse en los espacios privados con mayor prevalencia que los públicos. De esta forma, el rol de género al que las mujeres han sido sometidas también las coloca en un mayor estado de riesgo. Otras mujeres desaparecidas, especialmente en eventos individuales, 32 de las 117 mujeres (el 27%), suelen desaparecer también en hechos con una dimensión de género: después de discutir con ex parejas, en bares, capturadas en fiestas y con noticias posteriores de su “venta”, entre otras situaciones que sugieren la objetivización del cuerpo de las mujeres y, en ciertos casos, feminicidios.
Por su parte, en cuanto a las personas en tránsito, como choferes o comerciantes, resulta relevante el que las narrativas reportan que en varios casos se solicitó el pago de un rescate o las familias fueron víctimas de extorsión. Asimismo, es repetitivo en los relatos la participación de las empresas donde trabajan las personas desaparecidas: suelen mostrar el apoyo a las familias, pero en los hechos proporcionan poca o nula información a las autoridades.
Un buen número de narrativas evidencia una creencia compartida respecto de las personas desaparecidas que también suele ser repetido por algunas autoridades: “los van a soltar en quince días”. Sin embargo, las personas continúan desaparecidas, la creencia compartida es tan solo eso, una creencia, relacionada con una primera respecto de que la desaparición de las personas es una forma de castigo. Los datos nos muestran que en el 79% de los casos las víctimas continúan desaparecidas, que el 3% aparece sin vida y solo el 2% aparece con vida. Existen 114 casos donde no fue posible establecer cómo aparecieron las víctimas.
Gráfica: Tipo de desenlace de la desaparición
Las narrativas identifican algunas pocas personas que han aparecido, esas personas no abundan sobre lo sucedido después de la captura, los lugares a donde fueron trasladados o cualquier información respecto de los perpetradores. Entre los relatos, sin embargo, hay algunos que refieren actos de tortura constantes, traslados a diversos sitios de detención (públicos y privados), el ser forzados a cometer actos ilícitos e incluso ser utilizados como “carne de cañón” en los enfrentamientos con fuerzas armadas.
La información analizada por el Observatorio muestra que las personas desaparecidas, en particular las y los jóvenes y las que se encuentran en tránsito, son capturadas en eventos colectivos, donde en muchas situaciones se buscaba a una de las personas pero se terminan llevando a todos los acompañantes. Las casas constituyen un lugar inseguro.
3. Los perpetradores: una vinculación (in)visible
La identificación de los perpetradores es, por sí misma, una tarea compleja si solo nos basamos en la narrativa de los familiares de las víctimas, pues en la mayoría de las ocasiones no cuentan con información sobre las personas que se llevaron a sus seres queridos. De acuerdo con la información disponible en el 26% de los casos se identifican a agentes oficiales como perpetradores de las desapariciones. Respecto del 74% restante, la información en poder del Observatorio no es concluyente respecto de los perpetradores, ya que muchas de las narrativas de los familiares de las víctimas son consistentes en identificar a personas vestidas de negro, encapuchadas la mayoría de las veces y sin ninguna identificación oficial. Ello lleva a las personas a no poder identificarlas con claridad como autoridades y, por tanto, pueden ser considerados agentes no estatales.
Sin embargo, esta información de las narraciones es valiosa por sí misma si se entiende en el contexto de los que la comunicación del CDHFJL y otras organizaciones presentaron ante la CPI. En efecto, en dicha comunicación, se especifica que “los miembros del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales], y parcialmente los del GATEM [Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales] y del GROM [Grupo de Acción y Operaciones Mixtas], se han caracterizado por estar vestidos completamente de negro (pantalón, camisa, pasamontañas, lentes, guantes, cascos, espinilleras y botas) encapuchados, utilizando un chaleco antibalas de un peso aproximado de 25 kilogramos y un arma de entre 6 y 8 kilogramos, un casco de entre 3 y 8 kilogramos - dependiendo si era de plástico o metal-, y con rodilleras y botas que limitan su movilidad para correr. Las camionetas empleadas también son oscuras, sin placas y con blindajes especiales que las hace más pesadas” (FIDH, 2017: 60).
El GATE es un grupo con entrenamiento militar creado para realizar operativos en conjunto con el Ejército, cuyo legalidad ha sido cuestionado por diversas organizaciones (FIDH: 2017: 32). Con esos fines también fueron creado el GATEM y el GROM, en todos los casos, realizando detenciones sin registro.
Además, la propia comunicación de referencia y otros informes como el emitido por la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas, titulado “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas (2017) han demostrado la operación en conjunto entre los Zetas y autoridades del Estado y federales para la comisión de violaciones a derechos humanos, como la desaparición de personas, así como para actividades ilícitas.
De ahí que la información contenida en las bases de datos a las que el Observatorio tuvo acceso no permitan identificar con precisión si se trata de agentes estatales o no estatales o ambos. La actuación invisible y conjunta entre los distintos tipos de agentes dificulta a los testigos su plena identificación.
Ahora bien, en aquellos casos donde se identifica con claridad la presencia de agentes estatales, se observa una mayor participación de los cuerpos policiales a nivel municipal 54%, seguidos por el nivel estatal 25% y federal 13%.
Gráfica: Tipos de agentes estatales implicados(%)
En algunos de esos casos, incluso se logra identificar la colusión entre agentes estatales y no estatales. Del total de casos de desapariciones donde los perpetradores son agentes del Estado y particulares (29), en 28 registros (equivalente al 10% del total de la muestra de perpetradores para las que se cuenta con información), corresponden a policías municipales en colusión con grupos particulares vinculados al crimen organizado.
Al margen de ello, existen algunos datos que permiten fortalecer los hechos ya probados en la comunicación a la CPI, así como otros informes sobre las operaciones de agentes estatales y no estatales en Coahuila. Por ejemplo, el uso de armas de fuego es una constante (datos sobre 103 casos que reportan esta información).
Gráfica: Tipos de armas utilizadas en los eventos de desaparición
El ocultamiento de la identidad, el uso de armas de fuego y la acción constatada de agentes estatales en las desapariciones, en conjunto con los mecanismos de desaparición expuestos líneas arriba y la mayor incidencia de las desapariciones en jóvenes y personas en tránsito son elementos que permiten avanzar de la práctica generalizada de la desaparición a considerar la existencia de planeación y organización para llevar a cabo las desapariciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
4. Respuesta estatal: de la amenaza a la impunidad
Las familias de las víctimas y aquellas personas que los buscan deben sortear el miedo ante las posibles represalias. Las narraciones de los familiares y personas allegadas a las víctimas dejan constancia de las amenazas que sufren al intentar denunciar los hechos. No obstante, un buen número de ellas persiste hasta lograr que se inicien las investigaciones y presionar la acción estatal.
En algunas ocasiones las amenazas provienen de agentes no estatales, donde incluso se llega a privar de la libertad a familiares para amenazarlos con sufrir el mismo daño que sus seres
queridos. Sin embargo, un amplio grupo de relatos sostiene que en un primer momento fueron las propias autoridades las que tratan de desincentivar la denuncia como se muestra en los siguientes extractos: “para que quiere levantar el acta señora, no va servir de nada” o “mire señora, por el bien de su familia así dejemos las cosas”. También insinúa que si se pone la denuncia la información se podría filtrar y traería consecuencias contra ellos o las personas desaparecidas: “nos preguntaron si realmente queríamos poner la denuncia puesto que se filtraba la información y si quienes tenían a mi hijo lo sabían podía haber más víctimas y dijo un agente […] tocándose su arma ‘nosotros tenemos con que defendernos, ¿pero ustedes?’” o “nos recomendaba que no pusiéramos la denuncia, por que al momento de entregar documentación se podría fugar esa información y llegar a manos de estas personas y si no tienen pensado hacerle nada a su hijo al momento de estar investigando o les puede pasar algo a ustedes o a su hijo le puede pasar algo. Nos dijeron que pusiéramos en una balanza que era lo que tenía más validez para nosotros”.
Muchas de estas familias y personas allegadas insisten en poner la denuncia a pesar de estos desincentivos. De los 729 casos que componen la base, se tiene información sobre 272, equivalentes al 37% de la muestra. De ellos, la media de los contactos con autoridades que se realizan es de 2.7 antes de que la denuncia les sea tomada, aunque existen algunos casos donde se dan hasta 10 contactos.
Gráfica: Cantidad de contactos de las familias con las autoridades antes de que les sea recibida la denuncia
Fuente: Base de datos del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México
La autoridades que más veces es contactada frente a una desaparición es el Ministerio Público. Del total de casos donde se identificó la autoridad de contacto (682), los MP’s acumulan el 52% de los contactos, seguidos por la Procuraduría General de la República (19%) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (11%).
Fuente: Base de datos del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México
Con respecto a los años en que fueron realizadas las denuncias, se observa que 2009 y 2011 fueron los de mayor cantidad de denuncias (64 y 60 respectivamente) y que la distribución de las denuncias en el tiempo presentan un patrón diferente a la de las desapariciones. En estas últimas se observa un claro pico en 2011, sin embargo en las denuncias el comportamiento es más cíclico con aumentos en 2009, 2011 y 2014.
Gráfica: Evolución de las denuncias por año
El que se tome la denuncia, sin embargo, no garantiza una debida diligencia en la investigación. Allí donde existe información disponible (48% de los casos) se sabe que los ministerios públicos solicitan pruebas de ADN (27%), que no hay respuestas en 17% de los casos y que solicitan diversas diligencias periciales en 16%. La práctica generalizada de la desaparición se perpetúa de la mano de su impunidad.
5. Comentarios Finales
La información con que cuenta el Observatorio deja constancia de la existencia de una práctica generalizada de desapariciones que afecta especialmente a las y los jóvenes, así como a personas en tránsito, donde la mayoría de las personas son desaparecidas en conjunto con otras personas en sus casas o bien en carreteras o vías públicas a manos de agentes estatales y no estatales ocultando su identidad (lo que dificulta su identificación por parte de víctimas, familia y allegados). Por otra parte, si bien existe un número importante de denuncias de desaparición no puede pasarse por alto la referencia a amenazas o sugerencias disuasivas que buscan impedir el registro de los casos de desaparición y, en última instancia permitir la impunidad para la persistencia de las desapariciones.
También es importante notar que en este contexto aparecen de manera reiterada dos creencias compartidas entre las familias al momento de la desaparición: que la misma es un castigo, y que en dos semanas la persona desaparecida volvería.
Volviendo a los mitos sobre desaparición que existen en México, el caso de Coahuila confirma que agentes estatales están involucrados en las desapariciones, y que no son un hecho aislado sino generalizado. Además, según las narrativas, algunas desapariciones no serían una consecuencia de actividades criminales sino del hecho de negarse a cometerlas.
